lunes, diciembre 25, 2006
"...PARA LAS VACAS CANTAMOS..."
viernes, diciembre 22, 2006
12 SEGUNDOS DE OSCURIDAD
TRIVIAL
2 zwei
3 drei
4 vier
5 fünf
6 sechs
7 sieben
8 acht
9 neun
10 zehn
1 Uno
2 Due
3 Tre
4 Quattro
5 Cinque
6 Sei
7 Sette
8 Otto
9 Nove
10 Dieci
miércoles, diciembre 20, 2006
el terremoto de la corrupción (PARTE SEGUNDA)
Por los robos de la donación de Antofagasta y la donación china, están acusados además Eduardo Bravo Zapata y Alberto Daza Márquez.
Los habitantes de Totora recuperaron un generador de energía eléctrica que el Mayor Elizondo, responsable de Defensa Civil en Totora, vendió a privados. No sabemos si Elizondo ha sido sancionado por este hecho.
10. Facturas falsas 1 Se presentaron facturas falsificadas por una misma persona, por un monto de 12.000 dólares, para justificar el uso de donaciones. Los delitos son: falsedad material y falsificación.
El responsable es el Gral Montero Zankys, ex director del Servicio Nacional de Defensa Civil. El proceso estaba archivado hasta que la delegada anticorrupción informó sobre el mismo.
El Gral. Luis Montero Zankys, suscribió un acuerdo de pago definitivo por la suma de 6.003 dólares. Esa suma fue cancelada y el proceso cerrado.
Nota: Si devolver el dinero bastara para que el ladrón deje de ser ladrón, si bastara devolver para no ser procesados, entonces todos meterían la mano en la olla, porque en el peor de los casos se garantizaría la impunidad devolviendo lo robado.
11. Facturas falsas 2 El Gral Luis Montero Zankys, Juan Carlos Molina Monje (ex contador del SENADECI), General DAEN Guido GaIleguillos Quiroga (ex Director General de Planeamiento y Coordinación del Ministerio de Defensa NacÍonal) y Alberto Daza Márquez (ex Director Distrital de Defensa Civil del Departamento de Cochabamba.) presentaron como descargos a cheques recibidos para trabajos relacionados con el terremoto facturas falsas de entidades inexistente s y facturas de empresas fantasmas.
El delito es de peculado (usar para fines propios dinero destinado a otras cosas) incumplimiento de deberes, falsedad material (hacer algo que se sabe que es falso) e ideológica (maquinar hacerlo). Y uso de instrumento falsificado. Presunto Daño económico: 132.274,60 Bs.
La consultora CASH, contratada por el Ministerio de Defensa para realizar la auditoría externa de varios documentos, entre ellos el de las facturas falsas por el cual son acusados Luis Montero Zankys, Guido Galleguillos, Juan Carlos Molina Monje y Alberto Daza Márquez no los ha devuelto. Recibió los documentos completos y los devolvió incompletos.
Al momento~ el fiscal Dr. Villegas esta investigando el paradero de esta consultora. Si no hay facturas no hay delito. Otros documentos (rendiciones"de cuentas) se han perdido.
12. Viáticos en exceso Se pagaron sumas enormes de viáticos que nunca fueron jus- .
tificadas.
a) Enrique Prudencio Recacochea, ex director del UTOAF:
4.226 dólares. La acusación es apropiación y uso indebido de bienes. Fue condenado en fecha 17/12/ 03. El proceso coactivo fiscal está en apelación en la Corte Superior de Distrito.
b) Tiene otro proceso iniciado por el S.E.N.A.R por 498,21 dólares con la mismá acusación.
c) Edgar Tejada Campero: 2.754 dólares.
Proceso Coactivo Fiscal con sentencia ejecutoriada. E13 / 02 / 04 el Ministerio de Defensa solicitó a Derechos Reales de Cochabamba la certificación de sus bienes.
d) Tiene otro proceso iniciado el 08/09/03 por 894,52 dólares.
13. Falta de descargo de viáticos a) Con dinero destinado a los damnificados del terremoto Luis Daza, Luis Cupari y José Ernesto Ayoroa Yanguas, se paga~ ron hoteles de lujo. Se les inició Proceso Coactivo Fiscal por la suma de 3.786 dólares.
Los tres implicados cancelaron luego la suma que les correspondía. Respecto a montos inferiores a 1.000 dólares el Ministerio de Defensa anunció su recuperación a través de los mecanismos internos permisibles. El proceso se encuentra cerrado.
b) Felipe Antezana Palacios tampoco presentó descargo de los viáticos recibidos cuando fue en comisiÓn con viáticos de 3.090 dólares. La acusación es apropiación y disposición arbitraria de bienes. Tiene Proceso Coactivo Fiscal iniciado el18 / 06 / 02. El proceso, a la fecha, está en apelación.
14. Procesos Internos en Defensa Civil (coactivos fiscales) a) Walter Céspedes Ramallo (1.000 dólares), José Antonio Gil Quiroga (635 dólares), Antonio Bacarreza Barberich (30 dólares), Luis C~pari Noé (764 dólares) y Daría Leigue Moreno (258 dólares), devolvieron esas sumas por mecanismos internos.
b) Jorge Copa Daga (174 dólares), Germán Durán Salgueiro (212 dólares) y Luis Montero Zankys (362 dólares) no se presentaron al Ministerio de Defensa para realizar sus descargos. El monto debe aún recuperarse. Se publicó edicto en la prensa el 9/ 10/02 para su apersonamiento: .
15. Entregas con cargo de cuenta documentada. Informe de la Auditoría sobre Defensa Civil Responsable: Gral. Luis Montero Zankys. De 82.486.159 Bolivianos desembolsados, hay un 48% sin descargo (39.593.356 Bs) y un 37% de descargos observados 30.519.878 Bs). O sea un 85% de gastos injustificados. (Más de 70 millones de bolivianos).
No se ha cumplido con el reglamento interno del sector defensa. Presunto daño económico: 40 millones de bolivianos.
16. Compra del avión Beechcraft COI' recursos del terremoto a) El General Hugo Banzer reconoció que desde antes de ganar las elecciones en 1997, había comentado sobre la necesidad de un avión presidencial.
b) En mayo de 1998, el mismo año y mes del terremoto, Banzer autoriza la compra de una aeronave.
La compra se hace con los recursos donados por la ayuda internacional para el terremoto. Las características del Beechcraft no son las de un avión para emergencias, como lo hubiera sido un helicóptero, sino las de un avión para vuelos empresariales, o como avión presidencial.
c) El avión Beechcraft fue pagado con 2.925.000 dólares. Según la Contraloría hubo un sobreprecio de 1.188.00 dólares. d) El responsable directo de la compra y del sobreprecio fue el ex ministro de defensa Fernando Kieffer. Y junto a Kieffer, Gonzalo Araníbar y Enrique Bottaro que representaban la sociedad que vendió el avión e hizo la transacción. Kieffer aseguró que Banzer negoció el precio sin su consentimiento. El ex mandatario admitió que negoció la compra desde 1997, pero negó el sobreprecio.
e) El avión entró al país de contrabando. La Aduana Nacional sigue un proceso contra el Ministerio de Defensa porque no se pagaron los impuestos de ley que llegarían al millón de dólares.
f) El Beechcraft fue fabricado en 1983, al momento de su adquisición tenía 10.378 horas de vuelo (equivalente a 20 años de antigliedad) y una garantía de 500 horas de vuelo. Era un avión viejo con garantía para menos del 5% de las horas que ya había volado. O sea, según el promedio de sus horas de vuelo, estaba garantizado para volar solo un año más. O más años si estuviera mucho tiempo parqueado.
g) Kieffer se amparó en su inmunidad parlamentaria para evitar responder a las acusaciones.
Además del juicio iniciado por el Ministerio de Defensa, el Gral Ayoroa Vacaflor le inició un juicio de responsabilidades que no prosperó.
Una constante en todos estos juicios es el modo en que el poder judicial obstaculiza a la justicia con retardos y haciendo dormir los expedientes. Lo mismo vale para el Congreso. El mismo parlamento que no desaforó a Kieffer por años, tardó sólo dos días en desaforar a un diputado de la oposición. Los mecanismos de auto control y castigo que tiene nuestra democracia, están entorpecidos por una mafia enquistada en las instituciones y los poderes, que impide el castigo y el ejercicio de la justicia.
Ahora, sin fuero parlamentario, Kieffer está arraigado, con retención de cuentas bancarias y el embargo de sus bienes h) El avión fue usado menos de dos años. Ella de abril del 2000 la nave se accidentó. Fue enviada a Estados Unidos para su reparación. La reparación costó al Estado 100.516 dólares por el cambio de piezas y 14.315 dólares por el certificado de aeronavegabilidad. Estuvo en reparación por dos años y dos meses.
i) ¿Cuál será el destino del avión? Existe un convenio entre el Ministerio de Defensa y los comités cívicos de Totora, Aiquile y Mizque. Se acuerda vender el avión y destinar ese dinero a los afectados por el terremoto. Pero la decisión de vender el avión depende del Parlamento. El precio de un avión similar oscila entre 1,1 Y 1,8 millones de dólares. Si se lograra vender a un millón y medio, el estado habría gastado un millón 650 mil dólares por un avión que no fue usado ni dos años.
La otra alternativa es alquilar la nave para financiar, con los recursos que genere, la compra de otras o utilizarla en vuelos comerciales rentables bajo la administración de la Fuerza Aérea Boliviana. Los recursos generados irían a Defensa Civil, o sea a la entidad a través de la cual se generaron la inmensa mayoría de los casos de corrupción denunciados durante el terremoto.
j) Más de diez millones de Bolivianos están en proceso de transferencia del TGN a los Gobiernos Municipales de Totora, Aiquile y Mizque. Son recursos por reposición de la compra ilegal del avión Beechcraft 1900 C. A la fecha, con el cambio a 7,78 bolivianos por dólar, el total de la cifra es casi la misma del sobreprecio pagado. Ese dinero se repartirá por partes iguales entre Aiquile Totora y Mizque para obras de reconstrucción.
~) Hay dos procesos: uno coactivo fiscal contra Fernando Kieffer y Gonzalo Araníbar que está en apelación. Este proceso se ini,ció el 7 de noviembre del 2001. Si la apelación falla, la defensa puede recurrir a Casación y en este caso iría a la Corte Suprema de Justicia, en Sucre.
Cuando un proceso coactivo fiscal acaba hay que establecer los bienes de los coactivados. Si se establece que los coactivados no tienen bienes, ahí se acaba la historia. Lo único es que no podrán nunca más poseer solvencia fiscal para acceder a cargos públicos.
El otro proceso es el penal contra Gonzalo Araníbar y Enrique Bottaro. A fines de febrero habrá audiencia para dar inicio al juicio oral previa resolución de excepciones. Desde hace más de un año que el proceso no avanza por las excepciones y trabas que presenta la defensa de Araníbar. Las excepciones son la forma en· que la defensa chicanea un proceso para atrasarlo o volverlo imposible.
La pena por el delito cometido no pasa de los tres años por lo que podrían pedir la suspensión condicional de la pena. Lo que quedará es pedir el resarcimiento, siempre y cuando tengan bienes. Existe un exhorto que tramita la Embajada de Bolivia en Estados Unidos para que Bottaro declare lo que sabe: ¿quién se llevó la mayor coima por la compra del avión?
17. Reconstru~ción de Aiquile, Totora y Mizque Hubo diferentes fases en la reconstrucción. El Fondo de Inversión Social (FIS) se ocupó de las dos primeras. La reconstrucción en estas fases fue manejada por autoridades prefecturales y nacionales sin participación de las alcaldías. Éstas exigieron informes pero nunca se les ha mostrado nada.
Las casas se reconstruyeron sin ningún criterio arquitectónico. Cada casa reconstruida costó 3.800 dólares. Eran casas de una sola agua, de 35 metros cuadrados de superficie, con materiales de pésima categoría. No se consultó a los que debían habitadas, ni se consideró cuántas personas debían vivir en cada casa. Resultaron ratoneras. En algunos casos, los habitantes tuvieron que terminar las, o cambiar el techo, porque las vigas se rompían de tan débiles que eran. No se hicieron baños en muchas de las casas. Se pagaron arquitectos e ingenieros para estructuras elementales que cualquier maestro albañil puede hacer en Bolivia.
El Colegio de Arquitectos de Cochabamba, emitió un comunicado criticando duramente el modo en que se había trabajado y en el que hace notar: a: que no hubo informes técnicos públicos sobre el estado de las casas que se demolieron, b: que el proceso de reconstrucción fue confundido con un trabajo de construcción de viviendas mínimas planeado de antemano por el Ministerio de Vivienda; c: la tipología de las casas hizo parecer las ciudades a ciudades campamento, sin respeto ni consideración de su identidad ni de su historia; d: por último esas viviendas no satisfacen los requerimientos de una familia ni responden a requerimientos ambientales mínimos.
En la segunda fase, en Totora, se disponía de más dinero y se reconstruyeron las casas de doble planta de estilo colonial. Totora ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Pero también aquí el trabajo fue hecho sin ningún criterio. En vez de planificar con cuidado los trabajos, se dejaron a mitad las casas reconstruidas cuando se acabó el dinero (8500 dólares de promedio por cada casa), no se consultó ni analizó con los habitantes sobre los aspectos de la reconstrucción que eran prioritarios. Las necesidades de los pobladores no fueron tenidas en cuenta. Hay casas en Totora donde se ha reconstruido mitad del techo y llueve sobre las paredes interiores a las que sí se ha acabado el yesado.
Se mezclaron obras gruesas y finas, dejando incompletas ambas.
Hay baños sin cañerías ni p':lertas. Hay paredes interiores con yeso acabado en habitaciones sin puertas, ni ventanas, ni pisos.
Hay escaleras sin barandas que dan a primeros pisos inhabitables. Un desastre.
Los representantes del FIS, fueron apedreados en Aiquile, por los pobladores enfurecidos. ?on tan diminutas las casas, construidas en terrenos mucho más grandes, que pareciera, visto de afuera, que todas tienen garage. Lo que no tienen los habitantes de dichas casas, es movilidad. .
Aparte de la incompetencia e insensibilidad, de los sobreprecios sobre cada ratonera construida, el FIS contrató y pagó holgadamente a profesionales innecesarios en un caso e incompetentes en el otro. Actualmente, en la reconstrucción, intervienen las alcaldías, las sub prefecturas y las centrales campesinas en las decisiones. No hay procesados por esta reconstrucción.
18. Reconstrucción en las zonas rurales Las comunidades campesinas sufrieron enormes daños. Algunas fueron rasadas completamente al suelo. En Totora murieron dos personas, en las comunidades cercanas murieron decenas. De la reconstrucción en la zona rural se ocupó CEDEAGRO, una institución privada. La población no ha sabido nada de los montos, se les negó toda información. Por alguna razón inexplicable, las estructuras antisísmicas, (cimientos sólidos, columnas portantes de cemento armado y viga cadena del mismo material para sostener el techo) obligatorias en las ratoneras fabricadas en los pueblos, no lo eran en el campo, donde el terremoto había sido más fuerte. Las casas se hicieron de adobe, los techos de calamina, el vaciado de los cimientos fue de solamente diez centímetros, en las esquinas de las casas sobresalían de los cimientos, fierritos de cinco a diez centímetros de alto, a los que ataron tiras de cueros de animales que los comunarios debían preparar. Esas fueron las estructuras portantes de las columnas. No había suficientes albañiles, por lo que fueron los comunarios a poner el adobe, la piedra y a trabajar como peones. La parte técnica la hicieron los mismos beneficiarios. Las herramientas usadas: carretillas, picotas y palas, debían quedar para los comunarios pero la empresa se las llevó.
Se han construido alrededor de 780 viviendas en el área rural. En la comunidad de Hoyadas, un párroco se interesó y encontró fondos de la Iglesia para reconstruir las casas. CEDEAGRO se negó a participar en la reconstrucción de Hoyadas. "O ustedes o nosotros" dijeron. Hoyadas es la única comunidad que fue reconstruida con criterios antisísmicos, con cimientos adecuados y estructuras portantes de cemento armado, sólidas, paredes de la. drillo y techos de tejas o imitación de tejas de Duralit.
El problema más grave de las comunidades es que el terremoto ha bajado las aguas. Las vertientes se han secado. Los comunarios necesitan pozos, bombas de agua, generadores de energía para poder subsistir.
19. Robo de ataúdes Los robos comenzaron al día siguiente del sismo. Desde Cochabamba se enviaron ataúdes que nunca llegaron a destino.
Algunos de los muertos fueron enterrados en cajones hechos al momento con tablones de construcción. No hay procesados por este robo.
20. Misceláneas: abusos, inocentes, partidos políticos y pequeñas corrupciones.
La presencia del Ejército en los pueblos afectados se convirtió, en algunas circunstancias, en otra calamidad. Los pobladores cuentan de abusos a mujeres que iban desde el maltrato, sobretodo a las indígenas, al chantaje: "si me das un besito te doy la harina", a prestaciones amorosas a cambio de vituallas.
Los campamentos donde abundaban las jovencitas eran privilegiados en el reparto respecto a los otros campamentos.
Los militares negaban información sobre el origen y cantidad de las ayudas recibidas. En realidad la mayor parte de las ayudas era robada antes de llegar a las poblaciones afectadas. La mayor parte de la carga de los camiones militares era traspasada en el camino a otros camiones (civiles y militares) que partían con rumbo desconocido.
Había mercado negro de donaciones. Medicamentos donados eran vendidos fuera de sus cajas para evitar el reconocimiento de su prócedencia y el control de la fecha de vencimiento.
Los militares tenían su depósito en una de las escuelas. El director de dicha escuela convenció a los profesores a agasajarlos.
Acabado el festín, con todos algo borrachos, militares y docentes; un· oficial abrió el candado del depósito y dijo: "Tienen un minuto para sacarse lo que quieran". Y todos los civiles entraron a manotear lo que pudieron. Esta historia nos la contó uno de los profesores, quien había salvado, arriesgando su vida, muchísimas personas la noche del terremoto, pero no fue capaz de negarse a la humillante tarea.
Hay un militar del cual ningún poblador tiene reproches. Es el Coronel José Antonio Gil, responsable de Defensa Civil en Aiquile durante el primer año. Su comportamiento, a decir de los pobladores, fue respetuoso, eficaz y correcto. Parece que los abusos cometidos por subalternos ocurrían en los momentos en que el coronel Gil estaba ausente. Los habitantes se quejaron ante Gil, quien reprendió a sus subalternos. El Coronel Gil sufrió un pro. ceso del que fue sobreseído, por el destino de dos mil dólares, donados por FONPLATA. Demostró que entregó ese dinero a los soldados y presentó los recibos. Entre los descargos de sus soldados había algunas facturas falsas y el juez no ha podido establecer quién las había falsificado.
Hubo también corrupción entre los pobladores. Una de sus formas más evidentes fue el acaparamiento. Algunos campamentos declaraban más habitantes de los que tenían para recibir ra~ ciones extras que luego revendían. Todo esto fue corregido con el tiempo y el auto control que los pobladores inauguraron.
No debe olvidarse que un terremoto significa meses y años de vida precaria en carpas, expuestos al frío, a enfermedades intestinales por el agua contaminada, problemas respiratorios y de ojos, sobre todo, debido a la cantidad de polvo desprendido en el mismo sismo y en los larguísimos trabajos de retiro de escombros.
Los pobladores organizados en campamentos, con sus responsables, no lograban tener acceso a información, porque no tenían ninguna figura legal que los amparara, que les diera derechos. Esto es uno de los errores más grandes en el modo en que se organiza en Bolivia la respuesta a las catástrofes. Las víctimas quedan excluidas de posibilidades de organización y planificación. Las casas comenzaron a reconstruirse en forma decente sólo cuando las alcaldías, las centrales campesinas y los pobladores tuvieron voz en capítulo. La experiencia del terremoto del 98 debería servir para cambiar el modo organizativo frente a los desastres.
Los partidos políticos, como de costumbre, se aplazaron también en el terremoto. El MIR envió una donación a Aiquile, pero bien escribía que es prácticamente imposible que una sociedad corrompida, dirigida temporáneamente por un hombre honesto pueda cambiar en una generación. Se necesitan varias.
Uno de los abogados de la Delegación Presidencial Anticorrupción, que me ha ayudado en esta investigación, se sinceró conmigo: "¿Sabe?, nosotros no vamos a ganar... no trabajamos para nosotros, sino para nuestros hijos." Trabajemos entonces para que nuestros hijos hereden algo mejor que este pantano en que nos encontramos y no se limiten sólo a dar vuelta la cabeza, como muchos nos hemos acostumbrado a hacer, para no percibir el mal olor.
César Brie
Nota: Todos los datos en que se basa este informe han· sido extraídos de las siguientes fuentes: Informes de la Delegación Presidencial Anticorrupción, entrevistas grabadas a los habitantes de Totora, Aiquile, Loma Larga, Chakamayu, Hoyadas, Chijmuri y Antakawa, noticias publicadas en la prensa nacional.
el terremoto de la corrupción (PARTE PRIMERA)
Nos ha tocado la triste misión de asistir al crepúsculo de la piedad
y no nos queda otra cosa que hacer que escribir
deshechos de pena, para no salir a la calle a tirar bombas
o instalar prostíbulos, aunque la gente
nos agradecería más esto ultimo
Roberto Arlt
Hay circunstancias en las que callar es mentir
Miguel de Unamuno
El terremoto del 98 desencadenó una eufórica carrera al robo sistemático de las donaciones y ayudas internacionales y nacionales.
En este robo estuvieron implicados los responsables gubernamentales, militares y civiles, de distribuir dichas ayudas: sobre todo funcionarios de alto, medio y bajo rango de Defensa Civil del Ministerio de Defensa y de la Prefectura de Cochabamba.
Cuando comenzaron a investigarse los robos, el CPU con toda la información de las donaciones desapareció de la Prefectura de Cochabamba.
Se desconoce el paradero final de casi 29 millones de dólares de la ayuda internacional al terremoto y de 13 millones de dólares destinados por el Tesoro General de la Nación. No existe una absoluta certeza de las cifras pues no hay documentación suficiente y los procesos no han indagado sobre ello.
Cuando ocurrió el terremoto, era Presidente de la República el general Hugo Banzer,
Vicepresidente Jorge "Tuto" Quiroga y Ministro de Defensa Fernando Kieffer.
Los delitos: desvío de ayudas a otros destinos y actividades, robo de fondos, robo de donaciones, falsificación de facturas, viáticos excesivos e injustificados, cobros por trabajos no realizados, pago a empresas fantasmas, sobreprecios en trabajos y en la venta de materiales destinados a las zonas afectadas.
Si los responsables robaron el grueso de la ayuda, en lo pequeño, sus subalternos no se quedaron atrás: muchos habitantes de Aiquile nos refirieron sobre casos de autoritarismo y maltrato a la población, acoso y abuso a las mujeres, venta de las ayudas a los mismos damnificados y a mercados de otras ciudades, chantaje a los pobladores.
Se compró, contrabandeó y pagó sobreprecio por un avión presidencial usado, con el dinero destinado a los damnificados.
De la corrupción participa el poder judicial. La mayor par te de los procesos dormían
encajonados hasta que fueron reactivados por la intervención de la entonces Secretaría de Lucha contra la Corrupción y Políticas Especiales y ahora Delega ción Presidencial Anticorrupción. Los procesos iniciados con el viejo sistema del código penal, quedarán nulos si hasta mayo del 2004 no se ha dictado sentencia.
La Contraloría General de la República inició las auditorías a partir de las denuncias y demoró más de dos años en entregar los resultados. La falta de documentación impidió una conclusión inicial. Sin embargo, a partir de esa primera auditoría se hicieron otras que son ahora la base de los procesos. La mayoría de los cargos son por responsabilidad civil.
Muchos lectores no conocen las diferencias entre procesos penales, procesos civiles y procesos coactivos fiscales. Las enunciamos brevemente.
Proceso 'Civil es el que se sigue por un incumplimiento de terminado. Necesita una figura, por ejemplo un contrato o una obligación, a la que se falta. No se considera delito sino falta o incumplimiento. Hay faltas por omisión, cuando el funcionario no cumple con lo que debe hacer, o por comisión cuando el fun cionario realiza un acto reñido con sus deberes.
Proceso Penal es la adecuación de la conducta asumida a un tipo penal. Es un delito definido por el Código Penal.
El proceso coactivo fiscal lo inicia el Estado contra funciona rios o ex funcionarios, que hayan cometido fraude económico contra el mismo. Si los bienes del coactivado, en caso de haberse establecido su culpa, no están a su nombre sino, por ejemplo, de sus hijos o cónyuge, dichos bienes no pueden ser requisados. No existe cárcel como pena para quien haya defraudado. Solo la inhibición para ejercer cargos públicos.
Respecto a estos hechos, aparecen noticias en modo esporádico, inorgánico, y a veces inexacto. A fines de enero del 2004, se publicó la noticia de que el General Luis Montero Zankys había sido condenado a tres años de cárcel en el proceso penal que se le sigue por la compra del avión Beechcraft. La noticia es inexacta e incompleta. Montero Zankys ha sido juzgado por otras causas, no por la del avión. Y su condena a tres años de cárcel ha sido cambiada gracias a su propia apelación. Tenia el derecho, en cuanto la pena no supera los tres años, a solicitar suspensión de la pena de prisión y así lo hizo. El juez aceptó. Montero Zankys, pese a esa condena no irá a la cárcel. Montero Zankys, para obtener esta suspensión de la pena, se presentó ante el juez, a pesar de estar prófugo desde hace años y tener mandato de aprehensión por otros delitos cometidos. Nadie lo arrestó.
En los procesos coactivos fiscales contra Montero Zankys, se ha declarado que no posee propiedades a su nombre, a pesar de haber sustraído millones de dólares de las ayudas. Esto significa que todas las sentencias en su contra, no siendo penales, quedarán sólo en el papel, en cuanto declara no poseer bienes y en cuanto no existe cárcel por deudas.
La corrupción es uno de los males más graves que afectan al país, invade como un pulpo todos los estamentos del estado, desde los partidos políticos a los cargos públicos, desde el poder legislativo, al ejecutivo al judicial. Solo una prensa activa y responsable, que investigue, siga e informe constantemente sobre lo que ocurre y deja de ocurrir ayudará a los que, dentro de los diferentes poderes del estado, combaten su cotidiana y silenciosa batalla contra los deshonestos y corruptos.
Casos específicos de corrupción como consecuencia del Terremoto de Aiquile:
1. Estafa en el apuntalamiento de casas en Totora Cada palo usado en Totora para apuntalar las casas dañadas fue facturado 100 dólares, cuando valía 24 Bs. (A la época el dólar se cotizaba 5,20 Bs). Hubo irregularidades también en la remoción de escombros y el material utilizado. Se falsificaron sellos de Defensa Civil.
Existe proceso penal contra los funcionarios de la prefectura Germán Odando Quiroga Ferrel, Ramiro Gonzalo Francisco Taborga Ramos, y Arturo Galarza Jiménez, y el representante de la Empresa COFING, Miguel Fernández Espinoza.
Los ejecutivos de la empresa COFING y los responsables encargados del terremoto de la Prefectura se pusieron de acuerdo para repartir un botín de 383 mil bolivianos, a la época 70 mil dólares.
Este proceso se paralizó por la decisión del Ministerio Público de ampliarlo a otras dieciseis personas, en la mayoría ex militares que viven en La Paz.
2. Estafa de las volquetas Las mismas volquetas figuraban trabajando en Totora y Aiquile a la misma hora del mismo día.
Hay un proceso penal contra varios ex funcionarios: Renán Crespo Suárez, René Sinforiano Cayo Quiroga, Willy Céspedes Olmos y Julio Terán Torrico, ampliado a Gonzalo Garay Anaya y Odando Quiroga Ferrell. Se ha ampliado la demanda a la encargada prefectural Gladys de Gumucio.
Se sentenció a Renán Crespo Suárez con la pena de 3 años de reclusión. La pena de tres años es excarcelable. Willy Céspedes Olmos y René Sinforiano Cayo Quiroga fueron condenados a un año de prisión por el delito de cohecho activo. Gonzalo Garay Anaya y Odando Quiroga Ferrel fueron condenados a un año por incumplimiento de deberes. La sentencia ha sido apelada por la Prefectura por considerada lesiva a sus intereses.
3: Robo de la donación de Alemania Iván González Medina desvió a su cuenta personal 1.010.700 dólares que Alemania había donado para los damnificados. Hubo proceso penal. Ha sido procesado y condenado a ocho años de cárcel.
4. Desvío de fondos de donación japonesa El embajador de Bolivia enJapón Eudoro Galindo Anze, ex candidato a Vicepresidente junto a Hugo Banzer, desvió para otros fines el dinero recaudado para el terremoto de Aiquile. Fueron 54.407,70 dólares donados por el pueblo japonés para los damnificados.
El embajador destinó 10.000 dólares para gastos de curación de un niño de la calle en Santa Cruz y financió con otros 34.000 dólares una expedición deportiva en Bolivia. Los 10.000 dólares restantes los devolvió.
Se pagaron con dinero de los damnificados recepciones en La Paz, Riberalta, Guayamerín y Santa Cruz, se pagaron los porteadores de Bernardo Guarachi en el camino delInca, se pagó a la agencia de viajes Yacotour por pasajes y gastos aeroportuarios.
Se financiaron visitas aEl Cuzco, Riberalta, Puerto Maldonado, Cobija, Cochabamba. Se pagaron viáticos para 40 personas. Viajaron por ríos alquilando lanchas y pagando personal militar de la fuerza naval. Se financió un documental de dicha expedición del periodista René Villarroel.
En una segunda colecta en Japón, se recaudaron 5.902, 35 dólares para ayuda a los afectados. El Embajador los hizo depositar en el Banco do Brasil. Ese dinero fue controlado por el encargado de negocios· de la embajada, Enrique Garrón Ruiz, quien impidió su posible desvío exigiendo el registro de su firma. La Cancillería anunció un proceso administrativo a Galindo.
5. Robo de ropa usada No se sabe donde fue'a parar una donación de 850 kilos de ropa usada por un valor de 895 dólares.
Acusados: Guillermo Asturizaga Paz, Humberto Peñaloza Campos. La acusación es apropiación y disposición arbitraria de bienes. El proceso es coactivo fiscal. El 5/12/03 se declaró ejecutoriada la sentencia.
A Humberto Peñaloza Campos se le inició un proceso coactivo fiscal el 07/10/03 por otros 315.917 dólares. La acusación es por pérdida de bienes y activos del Estado. El 03/02/04 el Ministerio de Defensa pidió oficios a Derechos Reales y declaró desconocer el domicilio del implicado.
Respecto a Guillermo Asturizaga y Percy Alí Quispe, se enviaron oficios a la Superintendencia de Bancos para retener los fondos de sus cuentas privadas y se haga la orden de traspaso a la cuenta del Ministerio de Defensa.
En cuanto a Montero Zankys y Asturizaga Paz, la Contraloría decidió que se hiciera un proceso civil porque no consideró el hecho un delito. Se presentó la demanda pero no se puede adecuar la acción a una demanda civil en cuanto no existe la figura adecuada. Se intenta entonces que se emita un nuevo informe ampliatorio para poder cambiar la vía de recuperación a la coactivo fiscal.
7. El General Luis Montero Zankys entonces director de Defensa Civil debe responder también por los siguientes hechos: Robo de frazadas, alimentos y zapatos.
No se sabe dónde acabó la donación de la Embajada de Bolivia en Argentina y el Consulado de Bolivia en Córdoba de 84 cajones de productos con un peso de 1300 Kgs. consistente en alimentos, frazadas y zapatos.
Robo de donación del consulado boliviano en Calama: No se sabe dónde fue a parar la donación del Consulado de Bolivia en Calama, de 68 bultos ,con un peso de'909 kilos.
Robo de donación privada: No se sabe dónde acabó la donación de 26 bultos con un peso de 758 kilos, procedentes de Comercial Fama Inter Ltda. (Zona Franca - Iquique) Chile.Robo de muletas. No se sabe dónde fue a parar la donación de 6 cajas conteniendo muletas. Era una donación de España.
Robo de harina: No se sabe dónde fue a parar la donación de 300 quintales de harina de trigo del despacho de la Primera Dama de la Nación.
Robo de bolsas de cemento: La embajada de Taiwán suscribió con FANCESA un contrato para la donación de 20.000 bolsas de cemento a precio especial. Defensa Civil recibió esas bolsas, pero las entregó a las municipalidades de Aiquile, Totora y Mizque, recién luego de dos años, debido a las protestas de estas municipalidades.
8. Robo de la donación de Antofagasta No se sabe dónde fue a parar la donación de la Municipali~ dad de Antofagasta. Consistía en 50 colchonetas, 10 frazadas nuevas, 10 bolsas de carpas, 300 bolsas con ropa y zapatos usados, 100 cajas de alimentación no perecibles por ~n valor de 25.000 dólares.
Se inició Proceso Coactivo Fiscal y se dictó sentencia contra el General Luis Montero Zankys por $us. 25.000.Se han mandado órdenes instruidas el 13/12/03 a Santa Cruz para que Derechos Reales informe sobre los bienes de Montero Zankys. A la fecha no ha habido respuesta de Derechos Reales de Santa Cruz.
9. Robo de la donación de la República Popular de China El entonces ministro de Defensa Fernando Kieffer recibió esta donación de manos de las autoridades chinas, en el Aeropuerto de El Alto.
No se sabe dónde acabaron las 1.000 carpas para 6 personas, 800 carpas para doce personas cada una, 10.800 frazadas de lana, 100 generadores de energía eléctrica de 0.5 KW y 30 generadores de energía eléctrica de 3 KW de potencia, por un valor de 600.000 dólares. El Ministerio de Defensa demandó penalmente al General Luis Montero Zankys por un monto de 600.000 dólares.
HERMANA DUDA DAME UN RESPIRO
Yo encontré a la patria botada en mitad de las calles,
sábado, diciembre 16, 2006
COMO SI NADA
te extiende las manos vacías,
que puedes hacer.
Te da tal bronca,
que te entran ganas de putear
a todo el mundo;
pero el día te mira de soslayo
y sigues tu camino, como si nada!
ELIODORO AILLÓN TERAN