Nos ha tocado la triste misión de asistir al crepúsculo de la piedad
y no nos queda otra cosa que hacer que escribir
deshechos de pena, para no salir a la calle a tirar bombas
o instalar prostíbulos, aunque la gente
nos agradecería más esto ultimo
Roberto Arlt
Hay circunstancias en las que callar es mentir
Miguel de Unamuno
El terremoto del 98 desencadenó una eufórica carrera al robo sistemático de las donaciones y ayudas internacionales y nacionales.
En este robo estuvieron implicados los responsables gubernamentales, militares y civiles, de distribuir dichas ayudas: sobre todo funcionarios de alto, medio y bajo rango de Defensa Civil del Ministerio de Defensa y de la Prefectura de Cochabamba.
Cuando comenzaron a investigarse los robos, el CPU con toda la información de las donaciones desapareció de la Prefectura de Cochabamba.
Se desconoce el paradero final de casi 29 millones de dólares de la ayuda internacional al terremoto y de 13 millones de dólares destinados por el Tesoro General de la Nación. No existe una absoluta certeza de las cifras pues no hay documentación suficiente y los procesos no han indagado sobre ello.
Cuando ocurrió el terremoto, era Presidente de la República el general Hugo Banzer,
Vicepresidente Jorge "Tuto" Quiroga y Ministro de Defensa Fernando Kieffer.
Los delitos: desvío de ayudas a otros destinos y actividades, robo de fondos, robo de donaciones, falsificación de facturas, viáticos excesivos e injustificados, cobros por trabajos no realizados, pago a empresas fantasmas, sobreprecios en trabajos y en la venta de materiales destinados a las zonas afectadas.
Si los responsables robaron el grueso de la ayuda, en lo pequeño, sus subalternos no se quedaron atrás: muchos habitantes de Aiquile nos refirieron sobre casos de autoritarismo y maltrato a la población, acoso y abuso a las mujeres, venta de las ayudas a los mismos damnificados y a mercados de otras ciudades, chantaje a los pobladores.
Se compró, contrabandeó y pagó sobreprecio por un avión presidencial usado, con el dinero destinado a los damnificados.
De la corrupción participa el poder judicial. La mayor par te de los procesos dormían
encajonados hasta que fueron reactivados por la intervención de la entonces Secretaría de Lucha contra la Corrupción y Políticas Especiales y ahora Delega ción Presidencial Anticorrupción. Los procesos iniciados con el viejo sistema del código penal, quedarán nulos si hasta mayo del 2004 no se ha dictado sentencia.
La Contraloría General de la República inició las auditorías a partir de las denuncias y demoró más de dos años en entregar los resultados. La falta de documentación impidió una conclusión inicial. Sin embargo, a partir de esa primera auditoría se hicieron otras que son ahora la base de los procesos. La mayoría de los cargos son por responsabilidad civil.
Muchos lectores no conocen las diferencias entre procesos penales, procesos civiles y procesos coactivos fiscales. Las enunciamos brevemente.
Proceso 'Civil es el que se sigue por un incumplimiento de terminado. Necesita una figura, por ejemplo un contrato o una obligación, a la que se falta. No se considera delito sino falta o incumplimiento. Hay faltas por omisión, cuando el funcionario no cumple con lo que debe hacer, o por comisión cuando el fun cionario realiza un acto reñido con sus deberes.
Proceso Penal es la adecuación de la conducta asumida a un tipo penal. Es un delito definido por el Código Penal.
El proceso coactivo fiscal lo inicia el Estado contra funciona rios o ex funcionarios, que hayan cometido fraude económico contra el mismo. Si los bienes del coactivado, en caso de haberse establecido su culpa, no están a su nombre sino, por ejemplo, de sus hijos o cónyuge, dichos bienes no pueden ser requisados. No existe cárcel como pena para quien haya defraudado. Solo la inhibición para ejercer cargos públicos.
Respecto a estos hechos, aparecen noticias en modo esporádico, inorgánico, y a veces inexacto. A fines de enero del 2004, se publicó la noticia de que el General Luis Montero Zankys había sido condenado a tres años de cárcel en el proceso penal que se le sigue por la compra del avión Beechcraft. La noticia es inexacta e incompleta. Montero Zankys ha sido juzgado por otras causas, no por la del avión. Y su condena a tres años de cárcel ha sido cambiada gracias a su propia apelación. Tenia el derecho, en cuanto la pena no supera los tres años, a solicitar suspensión de la pena de prisión y así lo hizo. El juez aceptó. Montero Zankys, pese a esa condena no irá a la cárcel. Montero Zankys, para obtener esta suspensión de la pena, se presentó ante el juez, a pesar de estar prófugo desde hace años y tener mandato de aprehensión por otros delitos cometidos. Nadie lo arrestó.
En los procesos coactivos fiscales contra Montero Zankys, se ha declarado que no posee propiedades a su nombre, a pesar de haber sustraído millones de dólares de las ayudas. Esto significa que todas las sentencias en su contra, no siendo penales, quedarán sólo en el papel, en cuanto declara no poseer bienes y en cuanto no existe cárcel por deudas.
La corrupción es uno de los males más graves que afectan al país, invade como un pulpo todos los estamentos del estado, desde los partidos políticos a los cargos públicos, desde el poder legislativo, al ejecutivo al judicial. Solo una prensa activa y responsable, que investigue, siga e informe constantemente sobre lo que ocurre y deja de ocurrir ayudará a los que, dentro de los diferentes poderes del estado, combaten su cotidiana y silenciosa batalla contra los deshonestos y corruptos.
Casos específicos de corrupción como consecuencia del Terremoto de Aiquile:
1. Estafa en el apuntalamiento de casas en Totora Cada palo usado en Totora para apuntalar las casas dañadas fue facturado 100 dólares, cuando valía 24 Bs. (A la época el dólar se cotizaba 5,20 Bs). Hubo irregularidades también en la remoción de escombros y el material utilizado. Se falsificaron sellos de Defensa Civil.
Existe proceso penal contra los funcionarios de la prefectura Germán Odando Quiroga Ferrel, Ramiro Gonzalo Francisco Taborga Ramos, y Arturo Galarza Jiménez, y el representante de la Empresa COFING, Miguel Fernández Espinoza.
Los ejecutivos de la empresa COFING y los responsables encargados del terremoto de la Prefectura se pusieron de acuerdo para repartir un botín de 383 mil bolivianos, a la época 70 mil dólares.
Este proceso se paralizó por la decisión del Ministerio Público de ampliarlo a otras dieciseis personas, en la mayoría ex militares que viven en La Paz.
2. Estafa de las volquetas Las mismas volquetas figuraban trabajando en Totora y Aiquile a la misma hora del mismo día.
Hay un proceso penal contra varios ex funcionarios: Renán Crespo Suárez, René Sinforiano Cayo Quiroga, Willy Céspedes Olmos y Julio Terán Torrico, ampliado a Gonzalo Garay Anaya y Odando Quiroga Ferrell. Se ha ampliado la demanda a la encargada prefectural Gladys de Gumucio.
Se sentenció a Renán Crespo Suárez con la pena de 3 años de reclusión. La pena de tres años es excarcelable. Willy Céspedes Olmos y René Sinforiano Cayo Quiroga fueron condenados a un año de prisión por el delito de cohecho activo. Gonzalo Garay Anaya y Odando Quiroga Ferrel fueron condenados a un año por incumplimiento de deberes. La sentencia ha sido apelada por la Prefectura por considerada lesiva a sus intereses.
3: Robo de la donación de Alemania Iván González Medina desvió a su cuenta personal 1.010.700 dólares que Alemania había donado para los damnificados. Hubo proceso penal. Ha sido procesado y condenado a ocho años de cárcel.
4. Desvío de fondos de donación japonesa El embajador de Bolivia enJapón Eudoro Galindo Anze, ex candidato a Vicepresidente junto a Hugo Banzer, desvió para otros fines el dinero recaudado para el terremoto de Aiquile. Fueron 54.407,70 dólares donados por el pueblo japonés para los damnificados.
El embajador destinó 10.000 dólares para gastos de curación de un niño de la calle en Santa Cruz y financió con otros 34.000 dólares una expedición deportiva en Bolivia. Los 10.000 dólares restantes los devolvió.
Se pagaron con dinero de los damnificados recepciones en La Paz, Riberalta, Guayamerín y Santa Cruz, se pagaron los porteadores de Bernardo Guarachi en el camino delInca, se pagó a la agencia de viajes Yacotour por pasajes y gastos aeroportuarios.
Se financiaron visitas aEl Cuzco, Riberalta, Puerto Maldonado, Cobija, Cochabamba. Se pagaron viáticos para 40 personas. Viajaron por ríos alquilando lanchas y pagando personal militar de la fuerza naval. Se financió un documental de dicha expedición del periodista René Villarroel.
En una segunda colecta en Japón, se recaudaron 5.902, 35 dólares para ayuda a los afectados. El Embajador los hizo depositar en el Banco do Brasil. Ese dinero fue controlado por el encargado de negocios· de la embajada, Enrique Garrón Ruiz, quien impidió su posible desvío exigiendo el registro de su firma. La Cancillería anunció un proceso administrativo a Galindo.
5. Robo de ropa usada No se sabe donde fue'a parar una donación de 850 kilos de ropa usada por un valor de 895 dólares.
Acusados: Guillermo Asturizaga Paz, Humberto Peñaloza Campos. La acusación es apropiación y disposición arbitraria de bienes. El proceso es coactivo fiscal. El 5/12/03 se declaró ejecutoriada la sentencia.
A Humberto Peñaloza Campos se le inició un proceso coactivo fiscal el 07/10/03 por otros 315.917 dólares. La acusación es por pérdida de bienes y activos del Estado. El 03/02/04 el Ministerio de Defensa pidió oficios a Derechos Reales y declaró desconocer el domicilio del implicado.
Respecto a Guillermo Asturizaga y Percy Alí Quispe, se enviaron oficios a la Superintendencia de Bancos para retener los fondos de sus cuentas privadas y se haga la orden de traspaso a la cuenta del Ministerio de Defensa.
En cuanto a Montero Zankys y Asturizaga Paz, la Contraloría decidió que se hiciera un proceso civil porque no consideró el hecho un delito. Se presentó la demanda pero no se puede adecuar la acción a una demanda civil en cuanto no existe la figura adecuada. Se intenta entonces que se emita un nuevo informe ampliatorio para poder cambiar la vía de recuperación a la coactivo fiscal.
7. El General Luis Montero Zankys entonces director de Defensa Civil debe responder también por los siguientes hechos: Robo de frazadas, alimentos y zapatos.
No se sabe dónde acabó la donación de la Embajada de Bolivia en Argentina y el Consulado de Bolivia en Córdoba de 84 cajones de productos con un peso de 1300 Kgs. consistente en alimentos, frazadas y zapatos.
Robo de donación del consulado boliviano en Calama: No se sabe dónde fue a parar la donación del Consulado de Bolivia en Calama, de 68 bultos ,con un peso de'909 kilos.
Robo de donación privada: No se sabe dónde acabó la donación de 26 bultos con un peso de 758 kilos, procedentes de Comercial Fama Inter Ltda. (Zona Franca - Iquique) Chile.Robo de muletas. No se sabe dónde fue a parar la donación de 6 cajas conteniendo muletas. Era una donación de España.
Robo de harina: No se sabe dónde fue a parar la donación de 300 quintales de harina de trigo del despacho de la Primera Dama de la Nación.
Robo de bolsas de cemento: La embajada de Taiwán suscribió con FANCESA un contrato para la donación de 20.000 bolsas de cemento a precio especial. Defensa Civil recibió esas bolsas, pero las entregó a las municipalidades de Aiquile, Totora y Mizque, recién luego de dos años, debido a las protestas de estas municipalidades.
8. Robo de la donación de Antofagasta No se sabe dónde fue a parar la donación de la Municipali~ dad de Antofagasta. Consistía en 50 colchonetas, 10 frazadas nuevas, 10 bolsas de carpas, 300 bolsas con ropa y zapatos usados, 100 cajas de alimentación no perecibles por ~n valor de 25.000 dólares.
Se inició Proceso Coactivo Fiscal y se dictó sentencia contra el General Luis Montero Zankys por $us. 25.000.Se han mandado órdenes instruidas el 13/12/03 a Santa Cruz para que Derechos Reales informe sobre los bienes de Montero Zankys. A la fecha no ha habido respuesta de Derechos Reales de Santa Cruz.
9. Robo de la donación de la República Popular de China El entonces ministro de Defensa Fernando Kieffer recibió esta donación de manos de las autoridades chinas, en el Aeropuerto de El Alto.
No se sabe dónde acabaron las 1.000 carpas para 6 personas, 800 carpas para doce personas cada una, 10.800 frazadas de lana, 100 generadores de energía eléctrica de 0.5 KW y 30 generadores de energía eléctrica de 3 KW de potencia, por un valor de 600.000 dólares. El Ministerio de Defensa demandó penalmente al General Luis Montero Zankys por un monto de 600.000 dólares.
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